Extrañamente el financiamiento para esta digitalización fue solicitado en junio de 2019 por la Dirección General del Registro Civil, dependiente del Ministerio de Justicia. El proyecto fue aprobado
Sin embargo, la digitalización del Registro Civil era todo un hecho en boca de las autoridades de la institución que supuestamente realizaron el trabajo también con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de un proyecto ejecutado por la Organización de Estados Americanos (OEA), préstamo Nº 934/OC-PR (BID-MJT) de 2004.
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Incluso, el proyecto fue auditado en 2006 por la Contraloría General de la República (CGR), que había detectado algunas irregularidades. Y como si esto fuera poco, hay publicaciones que destacan de los avances en la digitalización del archivo del Registro Civil.
Los datos revelados por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) dan cuenta que dentro del proceso, el Mitic solicitó informes y una auditoría técnica al Registro Civil en junio de este año el cual obtuvo como respuesta del Registro Civil que “no se ha encontrado nada que haga relación a la digitalización de las actas (…)”.
Ante esta llamativa situación, la Ministra de Justicia, Cecilia Pérez, informó al Mitic que se hace necesaria una exhaustiva auditoría en relación a estos puntos en la Dirección General del Registro del Estado Civil. Por lo que el Mitic resolvió suspender la ejecución del proyecto, hasta tanto se cuente con los antecedentes de manera clara y precisa, así como con el informe de auditoría.
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Desde IDEA destacan que mediante información pública y control ciudadano se evitó el mal uso de USD 4 millones por un trabajo que ya debería haberse realizado y en el que ya se invirtió USD 4 millones en el 2006.
Además, resaltan la rápida reacción de los ministros, tanto de Justicia como de Tecnologías de la Información y Comunicación. Sin embargo, exhortan a que la auditoría que se lleve a cabo incluya a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y a la Contraloría General de la República, con participación ciudadana, con referentes de la comunidad técnica y de organizaciones que trabajan en la lucha contra la corrupción.
Asimismo, el instituto insta a que todo el proceso sea absolutamente transparente, publicándose los distintos documentos a medida que se vayan generando.
También alientan a toda la ciudadanía a que siga ejerciendo su derecho de acceso a la información para fortalecer la participación ciudadana reafirmando “que esa es la única forma de acabar con la corrupción, que tanto daño ha hecho a este país, y de lograr una mejor administración de los recursos públicos”.
