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En un comunicado conjunto, las organizaciones civiles indicaron que la propuesta de ley vulnera los derechos digitales, la privacidad y otros derechos humanos, al tiempo que subrayaron que el Gobierno militar no tiene autoridad legal para legislar.
“Si esta acción ilegal del actual régimen militar no es denunciada con firmeza a tiempo, la opresión de los militares en el país durará mucho tiempo”, indicaron los firmantes.
Las ONG afirmaron que la propuesta de ley está diseñada para “oprimir” a los críticos contra el régimen militar y “restringir la movilización y el ímpetu de la resistencia online”.
Unas de las ONG firmantes, Myanmar ICT for Development Organization (MIDO), indicó en Twitter que el Gobierno militar envió a varias compañías de telecomunicaciones en el país la propuesta de ley, que permitirá aumentar la censura y la vigilancia.
“Los artículos 30 y 31 del capítulo 9 de la ‘propuesta de ley’ dice que las plataformas digitales (FB, Twitter, etc) deben guardar los datos de los usuarios (IP, teléfono, dirección, uso de datos y otra información necesaria según el ministerio) durante tres años y entregarla cuando se le pida”, señaló MIDA, que trabaja a favor de los derechos digitales en Birmania.
Los militares restringieron internet durante varias horas durante el golpe de Estado que llevaron a cabo del pasado 1 de febrero y también durante más de 24 horas el fin de semana del 6 y 7 de febrero ante el inicio de las manifestaciones contra la junta en las calles.
Tres días después del golpe, las autoridades también bloquearon el acceso a Facebook y Twitter, las plataformas más usadas por los críticos con la junta militar, aunque muchos usuarios están usando programas VPN, redes privadas virtuales que permitir acceder a páginas restringidas.
La junta militar, encabezada por el general Min Aung Hlaing, justifica la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia (LND), de la nobel de la paz y líder electa, Aung San Suu Kyi.
Suu Kyi, de quien no han trascendido noticias en varios días, permanece supuestamente bajo arresto domiciliario en Naipyidó, la capital fundada en 2005 por los militares, y afronta una acusación por un delito de importación ilegal de dispositivos telefónicos, penado con un máximo de 3 años de cárcel.
Decenas de miles de birmanos se han echado a la calle ininterrumpidamente desde el sábado en rechazo al gobierno militar, para exigir la liberación de Suu Kyi y el resto de detenidos y para reclamar a los militares que respeten los resultados en las urnas.
Las autoridades han utilizado contra algunas concentraciones cañones de agua, balas de goma e incluso munición real, con el objetivo de sofocarlas.
Al menos una mujer se encuentra herida de extrema gravedad desde el martes tras recibir un disparo en la cabeza durante una carga policial contra una manifestación en Naipyidó.
